«Sin la formación y la cualificación adecuadas no es posible alcanzar y mantener un empleo digno»

La integración laboral de las personas con discapacidad es un derecho constitucional.

Trabajar es un derecho fundamental que tienen todas las personas con discapacidad. Disponer de un empleo favorece su inclusión social y fomenta el desarrollo de su personalidad. Para las personas con discapacidad el trabajo no constituye un fin en sí mismo, sino que supone un medio muy eficaz para obtener múltiples logros, como el reconocimiento social, una mayor autoconfianza o la independencia económica.

Este derecho se encuentra en el artículo 49 de la Constitución, donde se determina que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.

El fomento del empleo es una realidad gracias a diferentes alternativas como son los incentivos a la contratación de personas con discapacidad, la reserva de cuotas de empleo en el sector de empleo público, el trabajo autónomo y los apoyos para emprendedores, y por último los planes y programas de integración gubernamentales.

Un ejemplo de fomento del empleo son las pautas recogidas en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. Esta Estrategia se centra en la supresión de barreras. Identifica ocho ámbitos primordiales de actuación: accesibilidad, participación, igualdad, empleo,  educación y formación, protección social, sanidad y acción exterior.

En la misma se recogen políticas que tienen como fin aumentar la población con discapacidad que está ocupada, aumentar el nivel formativo de los demandantes de empleo reduciendo tasa de abandono escolar y reducir población en riesgo de pobreza o exclusión.

Todo fomento del empleo será posible si se dan un mínimo de requisitos que tienen que ver por ejemplo con la accesibilidad, la defensa de sus derechos, y la igualdad de trato y no discriminación.

Para ello el gobierno y las diferentes administraciones han ido legislando y adoptando medidas que favorezcan la plena inclusión de este colectivo en el mundo laboral. Las organizaciones representativas de personas con discapacidad realizan actividades destinadas a promover la integración laboral y lo más importante, muchos empresarios están empezando a valorar el enorme potencial que tienen estas personas para sus empresas.

En Castilla la Mancha tenemos APANAS Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Toledo que persigue mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias. Destacamos el servicio de capacitación.